A pesar de su buen desempeño económico, Chile mantiene sus altos índices de desigualdad social. Muchas de las políticas económicas y sociales que fueron establecidas por la dictadura de Pinochet y que siguen fuertemente los principios de libre mercado, continúan desarrollándose en el país a pesar de los 30 años de gobiernos democráticos. Las tendencias socialistas y sociales demócratas de los últimos gobiernos (Ricardo Lagos y Michel Bachelet) no han sido capaces de mejorar la distribución de la riqueza incluso cuando estos cambios han sido incluidos en sus programas de gobierno.
En lo que respecta a salud, la situación es aún peor. Las desigualdades que se observan continúan siendo vergonzosas para un país que espera alcanzar próximamente el calificativo de desarrollado. La salud hace mucho tiempo que dejó de ser un bien y un derecho y se ha convertido en un producto sometido a las leyes del libre mercado. La privatización parcial que se produjo durante la dictadura ha permitido el florecimiento de una salud para ricos, cara, poco eficiente y repleta de artilugios que se contrapone a la salud otorgada por los servicios públicos, más eficiente y con buenos indicadores, pero desfinanciada y sobrepasada por las abundantes necesidades de quienes menos tienen y más necesitan.
La reforma de la salud que se está llevando a cabo en Chile, estaba llena de buenas intenciones, pero sin el cambio de paradigma es imposible que se produzcan las acciones necesarias. Las leyes del mercado continúan manejando la oferta y la demanda de servicios y la carencia de información en un denominador común en todos los sectores. A un lado quedaron las intenciones de una mejor promoción de la salud. En ninguna parte la reforma incluye cambios a este nivel, ni menos aún se observa en la regulación de las instituciones privadas. En Chile, las personas aún creen que una buena salud pasa por tomar medicamentos caros y realizarse exámenes altamente tecnológicos.
Las regulaciones que se pretendían hacer sobre las Isapres suscitaron una ardua controversia antes de la promulgación de las leyes. El fondo solidario, que estaba pensado para compartir recursos entre el sector público y el privado, terminó siendo un beneficio exclusivo para los afiliados a las Isapres, después de las negociaciones que se produjeron a nivel parlamentario. La solidaridad no alcanzó para el resto de los chilenos. Así como este ejemplo, cada uno de los acuerdos que se llevaron a cabo en el parlamento requirieron negociaciones que mermaron el objetivo primario de mejorar la equidad en salud y es probable que mientras la constitución chilena no se modifique y los sillones parlamentarios permanezcan con una alta proporción de súbditos del neoliberalismo, seguirán existiendo dos sistemas paralelos de salud.
